Toda persona
tiene derecho a informarse libremente, pudiendo elegir qué y cuándo hacerlo. La
Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, más conocida como “Ley de medios”,
pretende establecer las pautas que rigen el funcionamiento de los
medios radiales y televisivos en la República
Argentina.
Esta ley fue
promulgada el 10 de Octubre de 2009 en reemplazo de la Ley de Radiodifusión
22.285 que había sido anunciada en 1980 durante el Proceso de Reorganización Nacional.
Con el retorno de la democracia, el 10 de Diciembre de 1983, llegaron los
intentos fallidos de modificación de esta ley por parte de Raúl Alfonsín en
1988 y posteriormente Fernando de la Rúa en 2001 para que finalmente se
concrete a manos de Cristina Fernández de Kirchner en 2009.
Durante el
gobierno de Carlos Menem se realizaron modificaciones a dicha ley apuntadas al
proceso de privatización de señales, lo que permitió la concentración en
grandes multimedios y facilitó el ingreso de empresas extranjeras. Entre ellas
se puede destacar la autorización a las empresas de periodismo para ser
titulares de radios y canales de televisión, la habilitación de transmisión en
idiomas extranjeros y la autorización de difusión publicitaria fuera del país.
Además dictó la ley de emergencia económica, lo que le permitió gobernar bajo
los denominados “DNU” (Decretos de necesidad y urgencia)
Hoy en día
se sigue dando lugar al debate ya que si bien la legislación es beneficiosa en
varios aspectos para un grupo, para el otro o “la oposición” no lo es. La ley
brindará nuevos trabajos a muchas personas dentro de los medios, debiendo
remarcar la dificultad que existe
actualmente para conseguir ingresar en un medio ya sea televisivo o radial.
Siendo esta oportunidad de nuevos empleos lo más beneficioso de su
implementación.
Además busca
lograr el acceso a la información pública, darle prioridad a los ciudadanos
argentinos a la hora de pedir una licencia, adhesión de subtitulado y close
caption para incluir a las personas con algún tipo de discapacidad, la
implementación de emisoras universitarias y una regulación en el
volumen publicitario que dispone cada canal.
Como
contrapartida, teniendo en cuenta los discursos que la anuncian y defienden,
esta ley parece estar pensada no tanto para beneficio de los argentinos, sino
como medida para terminar con el multimedio del Grupo Clarín.
Se creó el AFSCA, Autoridad Federal
de Servicios de Comunicación Audiovisual, y Cristina Fernández impulsó a Martín
Sabatella, de reconocida trayectoria como intendente del partido de Morón pero
poco camino en los medios y la política, como titular de este organismo para
luchar en contra de Clarín.
La ley sólo
permite a un grupo poseer, en todo el país, hasta 10 licencias de TV abierta y
de radio cuando antes, el límite era de 24. Hecho que, de sancionarse,
obligaría a los multimedios a desprenderse de señales dejando sin empleo
a muchos trabajadores. Mediante la publicidad realizó juicios de
valor contra periodistas y medios por posicionarse en la vereda de
enfrente, generó una división entre “ellos y nosotros” y los
entretiempos de “Fútbol para todos”, dónde hay mayor cantidad de espectadores
en la televisión pública, los utilizó para exponer propaganda oficialista o
injuriar a la oposición, acrecentando esta pelea por el control, remoto.
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